Personalmente pienso que la portada de este libro, es muy poco acertada, porque aunque es el fiel a lo que el lector se va encontrar en él, el título puesto así “de primeras” va a espantar a muchos potenciales lectores que si no vieran esa portada, si coincidirían con el diagnostico, una vez asimilados los distintos capítulos. De primeras, la mente repele tan pésimo pronóstico.
Pero aunque pueda tener razón en el párrafo anterior, estoy hablando como lo haría un comercial. Es lógico que el libro vendería más, si se llamase “España: Advertencias y consejos ante un posible corralito”. Pero Ramón Muñoz, no ha querido medias tintas. Quería en este libro decir todo lo que él sabe, y piensa personalmente (aunque como dice, el libro pueda dormir el sueño de los justos).
En otras frases, refleja su pesar porque en años anteriores, y más aún en la actualidad, la labor periodística no ha hecho ni hace su trabajo de denunciar todo lo que es denunciable (salvo cuando ya es voz pública), debido a que los ingresos y la continuidad de la prensa, están cada vez más comprometidos. Así pues he querido mostrarles a continuación un capítulo del libro que va como anillo al dedo, con la presentación que acabo de hacerles. Si les gusta, cómprense el libro, que lo merece, con independencia de que puedan no estar de acuerdo del todo, en algún que otro punto.
Cuidado con los bancos. No les fíen su dinero
A medida que iba escribiendo este libro, me iba calando un amargor, una sensación de que solo transmitía negatividad, sin dejar un hueco exiguo para la esperanza de sus potenciales lectores. ¿Quién puede querer leer doscientas páginas anunciándole todo tipo de desgracias futuras y sin darle el mínimo resquicio de escapatoria?
Para que no pareciera que hacía gala de un pesimismo militante, intenté escarbar en la hemeroteca y en mis recuerdos como periodista de Economía para encontrar alguna luz, algún dato que me quitara la razón y me permitiera apuntar un hilo de esperanza. Y el resultado fue aún mas desesperanzador. Me di cuenta de que en mis crónicas y en las de mis colegas habíamos practicado un engaño monumental a nuestros lectores, colaborando como serviles pajes a difundir las grandes quimeras de los políticos y, lo que es peor, ayudando a colocar entre la gente común las mayores estafas financieras que se recuerdan.
Lo siento. No sé si
España, destino tercer mundo será un best seller o dormirá el sueño de los justos en unas semanas. Sea como fuere, no estoy dispuesto a volver a cometer ese error en este libro. Les han estado engañando y lo van a seguir haciendo. Pero esta vez, aunque sea en este humilde formato impreso, que no cuenten conmigo. Voy a evidenciar las trampas, las que ya no ocultan los diarios, y las que siguen encubriendo. Vamos por partes.
Aunque los medios lo hayan silenciado por intereses que a nadie se le escapan, la primera gran estafa no fueron las preferentes de las cajas, sino un producto mucho más sofisticado: los valores Santander. El banco comenzó a colocarlos en 2007, cuando nadie había oído hablar aún de preferentes y ni siquiera había quebrado Lehman Brothers. Estos valores son bonos obligatoriamente convertibles en acciones, pero se vendieron como si fuera un depósito de alto interés a largo plazo. El anzuelo era muy suculento. Una rentabilidad del 7,3 por ciento el primer año y del euríbor más 2,75 por ciento, el resto. Lo que no sabían los incautos que picaron es que habían firmado un documento comprometiéndose a convertir sus obligaciones en acciones a un precio fijo de 13,25 euros. El desplome bursátil ha llevado la cotización al entorno de los 5 euros por título ocasionando perdidas del 60 por ciento a los inversores, que el pasado 4 de octubre debieron convertir sus obligaciones al agotarse el último plazo. En total, 129.000 atrapados y 7.000 millones de euros de los que, como digo, en torno a 4.000 se han esfumado para siempre.
De esta peculiar aventura apenas habrán oído ni palabra. Los medios, que tanta traca dan a las preferentes y a los cohechillos de los políticos corruptos, la han silenciado convenientemente. El Santander es un experto en acallar voces críticas. Salvo cuando esas voces son de los poderosos. La entidad presidida por Emilio Botín invirtió 2.330 millones de sus clientes en productos gestionados por Bernard Madoff, el autor del mayor fraude de Wall Street después del de la eléctrica Enron. Cuando se destapó el escándalo, el banco se apresuró a aclarar que no iba a hacer frente a las indemnizaciones. «Esto es una estafa y el Santander no es responsable de las estafas de terceros», señaló por boca de un portavoz de la entidad en diciembre de 2008.
Pronto tuvieron que desdecirse de sus palabras. No habían caído en la cuenta de que entre los estafados estaba la
crème de la crème de la plutocracia española, poderosos con los que Emilio Botín comparte mesa y celebraciones regularmente como Esther Koplowitz (FCC), Amancio Ortega (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial) o Juan Abelló (Torreal). Desde luego, ninguno de ellos era un pobre aldeano semianalfabeto como a los que les vendieron las preferentes. Y no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras les estafaban. Si Botín quería lavarse las manos, que se atuviera a las consecuencias. Todos ellos juntos eran más poderosos que el propio banquero y podían hacer mucho ruido. Además de no volver a trabajar con el Santander –ni ellos ni sus empresas–, amenazaron con dejar su reputación tocada.
No hizo falta mucho insistir. Bastaron unas llamadas y alguna que otra declaración. El todopoderoso Emilio Botín reculó apenas un mes después y en una junta extraordinaria de accionistas anuncio que compensaría esas perdidas. Por el acuerdo, la entidad se comprometía a devolver 1.380 millones de euros a los clientes de la banca privada (no institucionales) que rechazasen emprender medidas legales a cambio de acciones preferentes del grupo con opción a recompra en 2019.
Una vez más se cumplía la lección del Titanic: cuando el barco se hunde, sólo hay botes salvavidas para los pasajeros de primera.
Luego llegaron las preferentes. Nadie sabe cuántos son los atrapados. Según las asociaciones de afectados, entre 700.000 y un millón. Y mucho menos se conocen sus pérdidas. Entre 2009 y 2011, un total de 19 bancos y cajas colocaron 22.000 millones en preferentes. A todos los compradores se les vendió un producto que «era muy parecido a un depósito a plazo fijo», pero con un interés muy superior, y con el capital «prácticamente garantizado»
En estas comillas estaba el truco. En realidad, las preferentes son un producto mucho más complejo, una mezcla de bonos y acciones pero sin vencimiento y sin la posibilidad de venderlos en el mercado como los títulos. Los intereses que se abonan al cliente están supeditados a los beneficios. Si la caja o el banco caen en pérdidas, no hay rentabilidad ninguna. Pero peor aún es que a diferencia de las acciones, no hay manera de deshacerse de ellos. Son inversiones perpetuas. Se supone que hay un mercado secundario donde se pueden vender pero funciona como una casa de empeños: nadie está dispuesto a pagar por algo de lo que todo el mundo se quiere desprender salvo a precio de liquidación.
Daba igual. La ambición es un mecanismo muy poderoso a la hora de convencer a los indecisos. Porque si bien es cierto que los directivos de bancos y cajas programaron con la ayuda de miles de empleados de las sucursales el mayor desfalco que se recuerda en España, no es menos cierto que esa estafa se produjo gracias a la ambición desmedida de los que ahora se presentan como víctimas, con la colaboración inestimable de las autoridades. El anzuelo era sencillo: intereses anuales del 7 por ciento en adelante.
Y picaron, claro que picaron. En 2009, los viejecitos gallegos que ahora vemos en las protestas por televisión se frotaban las manos y presumían en la taberna de la aldea de la buena inversión que habían hecho delante de sus paisanos menos avispados. Cuando los depósitos a plazo fijo rentaban un 4 por ciento en el mejor de los casos, ellos recibían el 7 por ciento. Por ejemplo, los que suscribieron preferentes en Caja Madrid en 2009 han recibido un 7,5 por ciento anual hasta que se produjo el primer impago, el pasado 7 de Julio. Si invirtieron 100.000 euros han sacado en torno a 21.000 euros en intereses. No está nada mal ¿verdad? Ahora bien, ¿no pensaron ni ellos ni sus parientes que había algo que no encajaba para recibir esa alta rentabilidad? ¿que nadie da euros a pesetas?.
El ocultamiento del escándalo que se estaba gestando también contó con el auxilio de los reguladores y la prensa. Y aún continúa. La primera falsedad de las preferentes es que, frente a la imagen que han dado los medios, los afectados no son sólo los clientes de cajas de ahorro rescatadas como Bankia, Novacaixagalicia y Cataluña Caixa. Ni siquiera son los mayores en número. Entre las tres, que integran a su vez a varias cajas fusionadas, suman 120.000 afectados, la sexta parte como mucho del total.
El resto son de entidades venerables que casi nunca salen en los papeles. Las manifestaciones de sus víctimas tampoco aparecen en televisión.
Y es que, aunque no se lo hayan contado ni se lo vayan a contar, casi todos los bancos recurrieron a estas prácticas, desde Santander, Banesto, BBVA, Sabadell, Popular, Pastor o La Caixa, aunque los diarios se cuiden muy mucho de nombrarlos, bien porque los grupos a los que pertenece son acreedores de esos bancos o porque temen dañar su cartera publicitaria, ya de por si demasiado maltrecha.
En materia de responsabilidades, el regulador no le va a la zaga. De hecho, el Banco de España animó a bancos y cajas a que emitieran preferentes para cumplir con las exigencias crecientes de capital tras la explosión de la morosidad. Vamos, que recomendaba apagar un fuego con queroseno. Es inaudito que el entonces gobernador del banco, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no haya sido sentado en el banquillo por esta tropelía, una de tantas de las que cometió bajo su mandato.
Tanto el Banco de España como el Gobierno y otros reguladores sabían perfectamente lo que se estaba gestando a costa de la ignorancia y la avaricia de miles de ahorradores. De hecho, las preferentes y la deuda subordinada, un producto muy parecido,
eran productos tan tóxicos que para colocarlos a inversores institucionales se debían pagar intereses de hasta el 20 por ciento. Por eso lo desviaron a las oficinas en busca de los incautos viejecitos y las amas de casa. Incluso pagar intereses del 9 por ciento era una ganga porque sabían que ningún inversor profesional iba a comprar un producto tan venenoso como las preferentes.
La alarma se hizo tan general que hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en abril de 2009, alerto en una circular de que ser trataba «de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido». Y puntualizaba que las preferentes «tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada», y que «su liquidez es limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la inversión».
Aquella advertencia pasó desapercibida. Los medios que dedicaban grandes espacios cada vez que la CNMV alertaba, con razón, sobre el riesgo de las emisiones de Nueva Rumasa, y que finalmente derivaron en estafa, apenas reflejaba en medias columnas la inseguridad de un producto como las preferentes que en ese momento se estaba colocando de forma masiva. Apenas en alguna publicación digital o en algún blog crítico se prevenía contra el desfalco legal que se estaba gestando. Solo cuando estalló el escándalo, a finales de 2010, con los primeros impagos de intereses, y con el clamor de los afectados imposible de acallar, los grandes ecos de comunicación se hicieron eco. Era tarde. El daño estaba hecho. Y los periodistas habían vuelto a fallar en su primer deber de vigilantes críticos de los distintos poderes.
No será la última vez que practiquen esa dejación de su labor crítica. Ahora mismo se está generando otro globo financiero digno sustituto de las preferentes que está pasando desapercibido para medios y reguladores: los pagarés.
Bancos y cajas están caninos. Necesitan captar capital como sea porque nadie, salvo de vez en cuando el BCE, se fía de ellos y les presta dinero. Su apetito es insaciable. Tradicionalmente elevaban los intereses de los depósitos para captar de forma urgente esos fondos. Pero el Gobierno puso fin a los superdepósitos al penalizar en Junio de 2011 los altos intereses mediante el llamado Decreto Salgado, en honor a la ministra de Economía.
Como los topos, a los que si se les tapa una salida de su madriguera siempre tienen preparada otra de emergencia, las entidades financieras han encontrado un rápido sustituto a los superdepósitos y a las vilipendiadas preferentes: los pagarés.
Se trata de un producto financiero muy veterano y simple. El ahorrador contrata un papel en el que se le promete una rentabilidad fija en un periodo determinado. La única diferencia con los depósitos es que no están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), en caso de que la entidad no nos devuelva el capital al final de un plazo convenido, un detalle que los empleados de los bancos ocultan cuidadosamente cuando se los ofrecen a los clientes. Si el banco quiebra, el ahorrador se queda sin su dinero.
Desde que el Gobierno penalizara los depósitos de la alta rentabilidad, se ha producido un trasvase gigantesco de fondos de pequeños ahorradores hacia los pagarés. Nada menos que 20.000 millones en un año han pasado de los seguros pero pocos provechosos depósitos hacia los rigurosos y superrentables pagarés. A finales de Junio de 2012 los españoles habían suscrito 38.000 millones de pagarés.
Casi todas las entidades que ofrecían preferentes se han pasado a los pagarés: Banco Popular, Sabadell, Ibercaja, Bankinter, Catalunya Caixa, Santander, BMN, Banesto, Bankia… Y con los intereses que alcanzan el 4,75 por ciento anual. Los que los están suscribiendo ahora, con el reclamo de esa alta rentabilidad, que luego no se quejen si hay problemas para recuperar el capital ni le pidan al contribuyente que cubra sus riesgos. El Gobierno y los reguladores como la CNMV y el Banco de España han estado haciendo gala de la misma pasividad que cuando comenzaron a comercializarse las preferentes. Y con la prensa como invitado de piedra. Tanto es así, que el propio Ejecutivo ante la alarmante contratación de pagarés ha decidido dar marcha atrás y anular la normativa que penalizaba los superdepósitos porque sabe que en un año se le puede venir encima otra escandalera como la de las preferentes.
De todas formas, aquí nadie está libre de trances. Ni el que invierte su dinero en productos tan arriesgados como los derivados o los
swaps o el que tiene unos ahorrillos en un plazo fijo o en una vulgar cuenta corriente. Y es que el tan vanagloriado Fondo de Garantía de Depósitos es otro de los mitos más engañosos del sistema que nos venden a los ahorradores
Se supone que con ese fondo, administrado por el Estado pero que se financia con las aportaciones de las entidades financieras (dos por mil del conjunto de sus depósitos al año), se garantizan hasta 100.000 euros que los ahorradores tengan en depósitos y cuentas corrientes. Según los datos del Banco de España, ahora hay 1,142 billones de euros en depósitos. Y el FGD cerró con 2011 con un patrimonio ¡negativo! de 2.000 millones porque al Ejecutivo se le ocurrió la brillante idea de dedicar sus fondos a la recapitalización del sector financiero. También en eso ha reculado el Gobierno y, a partir de ahora, el FGD sólo se podrá emplear para el fin para el que fue creado. Se calcula que su dotación será de unos 6.500 millones, es decir, que no se garantizará ni el 0,6 por ciento del total de los depósitos. No se equivoque. Si cualquier entidad de las gordas (sistémicas, en el lenguaje oficial), quebrara, nadie le iba a reponer su dinero.
De cumbre en cumbre y tiro porque me toca
Si hay algo que a los medios les gusta hasta el extremo son las cumbres internacionales. Cuando leo las informaciones sobre esos grandes encuentros que van a cambiar el mundo, me vienen a la memoria aquellos vendedores de nubes de azúcar que me fascinaban en mi infancia. Con un material mínimo, daban vueltas a un palo y producían un enorme globo blanco y dulce que parecía que fuera a durar siglos y a dar placer a un colegio entero. Pero cuando te lo metías en la boca, ese enorme manjar quedaba reducido a un leve regusto dulce en el paladar que se desvanecía enseguida porque, en realidad, contenía mucho más aire que azúcar.
Con las grandes cumbres financieras ocurre lo mismo. Lees la ampulosas declaraciones finales y parece que hay un antes y un después separados por un foso. Y que los problemas que aterrorizan al mundo y acuciaban a los ciudadanos han sido resueltos de un plumazo por los mandatarios entre una cena de gala y una foto de familia. Pero cuando analizas el texto con las conclusiones del encuentro, te das cuanta de que sólo es retórica vacía, unas líneas vacuas envueltas en aire, en humo, como la nube de azúcar del feriante.
A los periódicos les encanta dar vueltas al palo y contribuir a que la nube parezca lo más gigantesca posible. Esa ansia es comprensible teniendo en cuenta que los grupos de comunicación cohabitan en el mismo ámbito de intereses que políticos y financieros. Aunque a veces ese afán por exagerar el resultado de cualquier reunión internacional responde a motivos mucho más espurios de los que los lectores creen. Con las tiradas y la publicidad cayendo en picado por la competencia y el corta-pega gratuito de Internet, a los medios tradicionales (los que aún crean opinión) cada vez les supone un sacrificio económico mayor mandar a un redactor a Washington o a Seúl. El director se siente casi obligado a abrir el periódico a cinco columnas con cualquier frase que sostenga un titular. Así que no le queda más remedio que hinchar el globo.
Los políticos, por supuesto, están encantados de colaborar en esta opereta bufa. Mil veces preferible a dar explicaciones sobre el desastre que se les avecina a sus votantes y cuya causa está muy cerca de ellos es confiarse a una solución mágica. Y que mejor manera de quitarse el muerto de encima que invocar las declaraciones altisonantes de las grandes e inservibles cumbres internacionales.
En esta crisis, los vendedores de humo han hecho su Agosto. Desde las cumbres del G-20, puestas en marcha desde 2008 con vocación planetaria, hasta las incontables reuniones transcendentes del Eurogrupo. En todas ellas, el mundo se refundó, los mercados financieros se hicieron transparentes y se sentaron las bases de un crecimiento sostenible. Lástima que los ciudadanos no notaran en sus vidas minúsculas tan pasmosas transformaciones, y continuara deteriorándose su bienestar y su nivel de vida.
Evidentemente, ninguna de aquellas promesas se cumplió. Los especuladores continuaron haciendo de las suyas en los mercados y la economía, y se entró en una espiral de recortes y recesión. Releer ahora las crónicas de esas citas internacionales causaría sonrojo a más cándido estudiante de primero de Periodismo. En lugar de poner freno a las proclamas estériles de los mandatarios, deber crítico del periodismo, los artículos y las crónicas en radio y televisión les dieron alas, invocando sus frases vacías como mandamientos salvadores.
No enumeraré por no aburrirles «las declaraciones históricas» de las reuniones del G-20. Baste recordarles como muestra de la política grandilocuente y del seguidismo no menos inicuo y servil del periodismo, el tratamiento que tuvo la más celebre de ellas, la celebrada el 2 de Abril de 2009 en Londres.
En esa cita,
aunque ustedes no lo recuerden, nada más y nada menos que se «refundó el capitalismo». Con ese lema, y sin ningún pudor, abrían las webs de los principales diarios y las ediciones de papel al día siguiente, sin que nadie se molestara en ensayar la más mínima precisión crítica a tamaña declaración de principios. Les parecerá una exageración pero había que buscar algo muy fuerte teniendo en cuenta que la cumbre de Washington, de un año antes, se había comparado con la conferencia de Bretton Woods, de 1944, en la que se abandonó el patrón-oro y se fundaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La frase del capitalismo renacido era pegadiza, no hay que negarlo. Y bastaba que la hubieran pronunciado al unísono Barack Obama, el predicador pop de los bienpensantes demócratas norteamericanos, y Nicolas Sarkozy, otra estrella de la política-pop, aunque en este caso de la derecha tradicional francesa, para que fuera considerado como una revelación divina.
El resto de jefes de Estado y primeros ministros presentes en aquella cumbre, desde nuestro
peterpanesco presidente José Luis Rodríguez Zapatero, hasta la corajuda canciller alemana, Angela Meckel, suscribieron la ocurrencia. Y a los medios les faltó tiempo y espacio para reproducirlo hasta la saciedad. A todos, menos a los estadounidenses, que apenas informaban de la cumbre en páginas interiores, concediéndole la importancia que realmente tenía.
No tengo que probarles que, pese a aquella declaración planetaria de la cumbre de Londres, ni el capitalismo se ha refundado ni se ha puesto freno a la crisis. Antes al contrario, el sistema está más desbocado que nunca. La América de Obama se cobija bajo una economía endeble que amenaza con desplomarse bajo el peso de una deuda pública astronómica, fruto de los rescates financieros y los planes de estímulos estatales. Y en Europa está a punto de saltar en pedazos la Unión Monetaria y el euro como moneda común.
Aunque la de Londres supuso el culmen de la estulticia, el mismo ejercicio universal de voluntarismo político suicida y de periodismo becario se dio en las cumbres del G-20 de Washington (15 de Noviembre de 2008), Pittsburgh (Septiembre de 2009), Toronto (Junio de 2010) o Seúl (Noviembre de 2010).
Si se sienten con fuerzas de realizar el infructuoso ejercicio de leer sus declaraciones finales, en todas ellas se pone coto a los desmanes de los mercados y los bancos, y se asegura una nueva etapa de crecimiento económico para poner fin a la crisis.
A la vista de lo ocurrido desde entonces, obvian los comentarios. La inutilidad vergonzante de estos encuentros ha sido tal que hasta el mismo Obama, el Demóstenes de la retórica del siglo XXI, ha llegado a la conclusión de que son una completa pérdida de tiempo, incluso para ensayar sus discurso ampulosos.
Los europeos también tenemos nuestras propias cumbres tradicionales. En incontables. Resultaría agotador enumerarlas.
Tirando de hemeroteca he contado hasta 10 reuniones decisivas del Eurogrupo en las que, según el consenso de los medios, se habría solventado definitivamente el problema de la deuda de Grecia. Aunque como todos sabemos, los griego, tras una quita de su deuda de más del 50 por ciento, siguen sin poder devolver lo que deben. Y no lo harán, por muchas cumbres que se celebren. De los 212.000 millones de euros de su presupuesto para este año,
se supone que 87.000 millones de están destinados al pago de intereses, una cifra rayana en la locura si se tiene en cuenta que el presupuesto en educación es de 5.000 millones de euros. En el caso griego, los únicos encuentros que se demuestran efectivos son aquellos en los que se decide una quita y, sobre todo, el que determine la inevitable salida del euro del país heleno.
También se han encadenado reuniones sin fin para asegurar los mecanismos de rescate para amparar a países como España e Italia en caso de impago, y otras tantas para decidir si el Banco Central Europeo puede comprar deuda soberana de los Estados y a cambio de qué condiciones. Día tras día nos abruman con titulares pomposos, que parecen responder a algo real porque, de cuando en cuando, provocan una bajada inmediata de la prima de riesgo y un alza bursátil. Una vez que el humo de las declaraciones de principios –no son más que eso– se desvanece, la prima vuelve a subir y la Bolsa a bajar. Y hay que reiniciar el proceso con una nueva cumbre u otra declaración cabalística del presidente del BCE o de la canciller alemana que anime a los mercados.
La realidad es mucho más simple. No hay dinero. Todas, absolutamente todas las cifras que ustedes leen en los periódicos, como salvaguarda del sistema (y del euro) son virtuales. No hay en ningún rincón 100.000 millones físicos para rescatar a las cajas españolas y mucho menos habrá 300.000 millones para el rescate total de la economía española. A lo sumo son avales, compromisos de que alguien estaría dispuesto a garantizar esos fondos en caso de que dejemos de pagar nuestra deuda. Pero todos saben que si España o Italia quiebran, nadie nos presentará sus ahorros para evitarlo. Incluso en el caso de que esos fondos existieran realmente, los contribuyentes de los países solventes que deberían cargar con el rescate se levantarían en armas y derrocarían a los Gobiernos en los primeros comicios que tuvieran oportunidad.
El inspector de las falsas cuentas. Todos los bancos aprobados.
Entre las falacias que rodean a la crisis, otro de los engaños más habituales son las campañas de inspección que periódicamente lanzan las autoridades, tanto nacionales como comunitarias con el fin de demostrar que su labor de supervisión es eficaz. Necesitamos conocer el estado real de los problemas como paso previo y necesario para solucionarlos, se nos dice. Pero como en
El inspector, la genial obra de Gogol, todos se afanan por agasajar a los controladores y al final las fiscalizaciones resultan tan malogradas como falsas las cuentas que evalúan.
De todas estas inspecciones, la más famosa por sus conclusiones garrafalmente erróneas han sido las pruebas de resistencia bancaria (bank stress test), que la Unión Europea ha llevado a cabo desde 2009 para comprobar la solvencia de los bancos europeos.
Cuando se hicieron públicos los primeros resultados, en Julio de 2011, todos los bancos españoles, excepto el Pastor, superaron el test de estrés y sólo cuatro cajas suspendieron las pruebas (Unnim, Catalunya Caixa, CAM, y Caja3 [ahora integrada en Inbercaja]). El Banco de España, el Gobierno y la hasta la oposición lanzaron las campañas al vuelo. La Autoridad Bancaria Europea confirmaba lo que todo el mundo sabía: la salud inquebrantable de nuestro sistema financiero. Y los medios, claro está, ejercieron de corifeos, reproduciendo con sonora alharaca los resultados tan positivos para nuestra banca que venían de Europa. Los editoriales parecían anuncios de algún depósito, con semejantes elogios a las previsoras entidades financieras y sus circunspectos directivos.
En esos test aprobaban con nota Bankia y Novacaixa-Galicia. Un año después, el Gobierno ha tenido que intervenirlas para evitar la quiebra y ha anunciado la inyección de más de 30.000 millones de euros para reflotarlas. De hecho, el conjunto del sistema, que los test de estrés consideraban de una solvencia impecable, precisará de 100.000 millones de euros.
Nadie desde Europa pidió perdón por esos costosos e inútiles test. Les debe de dar tanta vergüenza que la Autoridad Bancaria Europea ha renunciado a realizar en 2012 estas pruebas de resistencia a la banca. Tampoco ningún medio de comunicación ha entonado el mea culpa por participar en el engaño. Aunque esos test sirvieran de gancho a muchas entidades para colocar sus preferentes o, sin ir más lejos, como señuelo publicitario para la salida a Bolsa de Bankia, que ha derivado en pérdidas multimillonarias para los accionistas.
En este punto, quiero hacer un inciso. La actitud de la mayor parte de los medios de comunicación les parecerá a muchos de ustedes vergonzosa por su labor de ocultación y seguidismo. A mí, que vivo de ellos, me parece de lo más natural. La gente común nos atribuye a los periodistas una especie de don quijotesco que nos lleva a la búsqueda de la verdad por encima de todo interés, incluido el más básico, el de sobrevivir. No me quiero poner corporativo pero la profesión periodística ha sido, de lejos, la que proporcionalmente más ha sufrido la crisis, mucho más que el sector de la construcción. 10.000 profesionales se han quedado en la calle, y la degradación de las condiciones de los que continúan trabajando es imparable.
Y no solo los periodistas. Las empresas que les dan trabajo han sufrido el mismo deterioro. La mayor parte de ellas están en pérdidas y soportan una pesada losa de deudas, a las que son incapaces de hacer frente porque sus ingresos publicitarios caen en picado año tras año. Sus acreedores principales son los bancos, así que comprenderán que tengan una tendencia natural a ser comprensivos cuando informan de ellos y a pasar por alto muchas de sus tropelías. Las compañías periodísticas son sociedades como otras cualquiera y, más aún, desde que decidieron cotizar en Bolsa. Viven de sus ingresos, no de las verdades que publican. Con unos balances tan endebles no se le puede exigir independencia total frente a bancos, multinacionales y Administraciones públicas de cuya cartera publicitaria dependen y que, en algunos casos, son sus accionistas. Demasiado esfuerzo realizan a veces para intentar contar lo que está pasando sobre los gigantes financieros a los que se enfrentan.
Les pondré un ejemplo de ese difícil equilibrio entre independencia y fiabilidad financiera a la que se enfrentan cada día esos medios de comunicación. Cuando Bankia anunció su salida a Bolsa, con Rodrigo Rato como presidente de la caja, en el verano de 2011, los medios se volcaron en aquella colocación que contaba con los parabienes y más bien la exigencia del Gobierno socialista que acababa de inyectar 4.500 millones a la caja y no quería seguir poniendo dinero. La operación pintaba mal porque la entidad, fruto de la fusión de varias cajas ruinosas como Caja Madrid o la CAM, tenía un enorme agujero fruto de sus pufos inmobiliarios y ni siquiera había presentado unas cuentas consolidadas. Además, los mercados internacionales estaban cerrados, así que no era el mejor momento para una salida a Bolsa.
De hecho, la situación era tan peliaguda que la CNMV, que siempre ha hecho la vista gorda en casi todos los apaños de las cajas como las preferentes, se vio obligada a rebajar el precio máximo de colocación a los pequeños ahorradores un 15 por ciento hasta 3,75 euros por título. Los grandes inversores, como el BBVA, conocedores de lo que se estaba gestando no quería ni oír hablar de la operación. Al final, pasó lo que siempre pasa en estos casos: tocaron a rebato y se dio orden general en las oficinas de colocar las acciones, costase lo que costase. Los empleados cumplieron con su trabajo: el de engañar a los clientes de toda la vida, prometiéndoles rentabilidades del 7 por ciento, como si la Bolsa fuera un fondo de inversión de renta fija en lugar de lo que es, una montaña rusa. Y la colocación fue un éxito de público, con 347.000 inversores, y de crítica, porque los medios de comunicación la aplaudieron al unísono.
Menos de un año después, Bankia fue intervenida por el Estado tras presentar unas cuentas que se demostraron falsas, al menos a juicio del Gobierno, ya que ofrecían un beneficio neto de 306 millones de euros en 2011 cuando en realidad se registraban unas pérdidas de 3.030 millones. Los pequeños inversores llegaron a perder un 80 por ciento de su dinero, aunque tras el rescate comunitario anunciado la acción se haya recuperado algo.
Solo cuando Rato fue relevado de su cargo y se hicieron patentes esas pérdidas, los medios reaccionaron. ¿Por qué no lo hicieron antes? Tal vez porque Bankia había concedido créditos importantes a alguno de esos medios o, más directamente, porque Rato tuvo el cuidado de ordenar una campaña publicitaria para la salida a Bolsa que regó con 16,8 millones de euros las maltrechas carteras de esas empresas periodísticas. ¿Son culpables los medios? No seré yo quien los justifique, pero desde luego son tan responsables como el Banco de España, la CNMV y el Gobierno que dieron todo tipo de parabienes a la salida a Bolsa. Y tanto como Bank of America-Merril Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS, que asesoraron la operación junto con Lazard (el banco donde trabajaba Rato antes de incorporarse a Bankia), y que cobraba por ello 21,8 millones de euros (datos de la salida a Bolsa recogidos por la CNMV).
Para otra ocasión, les aconsejo que no se fíen en absoluto de la prensa, pero menos aún de las entidades colaboradoras, ni de los reguladores, ni del Gobierno.
O la carcel o la impunidad
«Ya sabemos lo que pasó, quiénes son los culpables y quienes los que lo permitieron, ampararon y publicitaron ¿Y ahora qué?», se preguntarán. Salvo que acometamos la tarea de refundar el género humano (y hay bastante que lo pretenden) la única forma de impedir que se vuelvan a reproducir estos gigantescos desfalcos (legales) se llama cárcel. Disculpen mi rudeza, pero la palabra clave que explica todo lo sucedido es «impunidad». Los malhechores de esta crisis se han sabido siempre libres de castigo y han actuado como lo haríamos la mayor parte de nosotros, movidos por la ambición y el ansia de enriquecimiento fácil. Perdonen también mi desconfianza hobbesiana sobre la Humanidad y los fines que la mueven. Siempre he pensado que la única causa que nos frena a liarnos a puñetazos con el vecino que nos incordia con su perrito ladrador o nos impide saquear el supermercado de la esquina (aunque Sánchez-Gordillo quiera enmendar esta teoría con sus asaltos selectivos al Mercadona) es el convencimiento de que un policía se presentará frente a nuestra puerta con una orden de detención. Los directivos de las cajas ahora rescatadas sabían que no tenían ese problema cuando se blindaban con indemnizaciones o planes de pensiones millonarios mientras hacían circular las venenosas preferentes entre la pobre gente.
Contaban con la connivencia estrecha del poder político, así que no tenían nada que perder. De hecho, al servicio de ese poder, financiaron proyectos urbanísticos especulativos, obras públicas ruinosas y alimentaron tramas de corrupción y hasta llegaron a falsear las cuentas.
Eran perfectamente conscientes de que no les esperaba la cárcel porque estaban blindados por consejos de administración en donde estaban representados todos los partidos mayoritarios, los sindicatos y hasta los tertulianos. Al contrario, han recibido a su salida indemnizaciones millonarias, tras años de cobrar sueldos estratosféricos, sin que nada se las haya discutido. En este punto, nunca entenderé la actitud del PSOE (y de sus socios nacionalistas como el Bloque o Esquerra), que ahora se erige en adalid de la izquierda moral, cuando durante su mandado se negó en repetidas ocasiones a poner coto a las indemnizaciones y a las remuneraciones de los directivos de las cajas alegando que no podía cambiar la ley, incluso cuando las entidades ya estaban recibiendo ayudas con los impuestos del contribuyente.
Al amparo de esa impunidad, los villanos de oro de las cajas se han embolsado más de 130 millones de euros por sus fechorías. Entre esos felones, que después de embaucar a miles de pequeños ahorradores se han reído en la cara del contribuyente que ha pagado sus indemnizaciones millonarias están
José Luis Pego (18,6 millones), José Luis Méndez (16,5 millones), Óscar Rodríguez Estrada (8,8 millones), Aurelio Izquierdo (14 millones), Gregorio Gorriarán (5,3 millones), Javier García de Paredes (5,3 millones), Ricard Pagés (11 millones), Domingo Parra (7,5 millones), Roberto López Abad (5,8 millones), Manuel Escribano (6 millones), Miguel Castillejo (4,3 millones), Miguel Blesa (2,5 millones), Joaquín Messeger (2 millones) o Vicente Soriano (2 millones).
Su gestión ha causado un agujero de 60.000 millones de euros en el mejor de los casos, que deberemos tapar todos con impuestos o con los recortes sociales. A pesar de eso, ninguno de ellos está en prisión. Es más, la mayoría ni siquiera se encuentran procesados. Y los que lo están, es a instancias particulares porque ni la Fiscalía del Estado ni ninguna Administración local o autonómica ha instado su procesamiento. Han tenido que ser movimientos ciudadanos o asociaciones de afectados los que promovieran una actuación judicial, como en el caso de Rodrigo Rato, a quien la Audiencia Nacional ha imputado su gestión en Bankia tras las querellas presentadas por el partido de Rosa Diez, UPyD, y el movimiento 15-M. PP y PSOE, lejos de implicarse en la persecución judicial de estos directivos, los han disculpado o arropado.
Los gobiernos de PP y PSOE habrían podido al menos tener la delicadeza estética, ya que no moral, de detener el cobro de las indemnizaciones y de los fondos de pensiones de estos altos cargos. Hubiera bastado un decreto-ley para suspender esas prebendas en las cajas que han recibido dinero público. Pero no movieron un dedo alegando que era imposible cambiar la legislación. Una justificación indecente si se tiene en cuenta que a esos mismos Gobiernos no les tembló el pulso cuando suspendieron por decreto-ley los derechos de miles de ciudadanos a los que congelaron las pensiones, bajaron el sueldo como a los funcionarios o redujeron las indemnizaciones por despido de los trabajadores de a pie en la reforma laboral. Insisto en que el PSOE es mucho más culpable aún porque al menos el PP ha limitado el sueldo de los directivos de las entidades que han recibido ayudas públicas. Ya se sabe que el PSOE predica en los mítines el odio a los banqueros y luego los indulta en el Consejo de Ministros. Pero ambos, PP y PSOE (con los nacionalistas de la mano) son cómplices de la impunidad de estos desalmados de guante blanco.
Desengáñese. Ningún banquero va a pisar la cárcel. En la reciente historia financiera de España, solo uno, Mario Conde, ha estado entre rejas. Y no fue por su gestión, desastrosa donde las haya, sino por sus ambiciones políticas. El resto de los banqueros que ha participado en estafas, e incluso ha sido condenado en firme por los tribunales, ha obtenido la gracia del indulto del Gobierno o se ha librado gracias a las sentencias políticas del Tribunal Constitucional, más conocido como el Tribunal de los ricos, porque se ha especializado en librar de las penas a los plutócratas a quienes condenan en otras instancias. Los casos de Alfredo Sáenz, consejero del Santander, indultado por el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba, o de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, absueltos por el Constitucional, son sólo una muestra de que la justicia no va con los banqueros.
Mientras persista esa impunidad para los financieros, les seguirán estafando sin la menor cautela. En lugar de preferentes les llamarán pagarés o derivados, pero al final se quedarán con su dinero. Y, en último caso, si la bola se hace demasiado gorda y no se puede esconder el balance, exigirán que el Estado les rescate. Es decir, que se quedarán con sus impuestos.
Hasta que los banqueros que delinquen no vayan regularmente a prisión se seguirán produciendo crash financieros. Mientras, no se fíen de ellos, y, sobre todo, mantengan alejado su dinero de sus manos.
